La Confederación Nacional de la Unidad Sindical (CNUS), reclamó del presidente de la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y del Consejo del Poder Judicial (CPJ), darle fiel cumplimiento a la sentencia #0030-2025-SSEM-00274, de fecha 2 de octubre del 2020, dada por la Primera Sala del Tribunal Superior Administrativo, que le ordenó reabrir los tribunales, incluyendo las secretarías de los mismos, cumpliendo con los protocolos sanitarios señalados por el Ministerio de Salud Pública.
La virtualidad es una técnica auxiliar no prevista en la ley ni en la constitución que debe ceder el paso a la presencialidad, para cumplir con los artículos 68 y 69 de la constitución que mandan a cumplir con la tutela judicial efectiva y normas del debido proceso, entre las cuales está que las audiencias sean presenciales, no virtuales.
La CNUS ha comprobado que la virtualidad está atrasando el conocimiento de los asuntos laborales y de esa manera se están fijando audiencias para cuatro y cinco meses, violando de esa manera la característica de celeridad que distingue al procedimiento laboral, en vista del carácter social del derecho del trabajo.
Así mismo, señalamos que hay abogados y ciudadanos comunes que no manejan las técnicas de la virtualidad y por tanto están en desventaja frente a una técnica que si bien es útil para la sociedad, debe manejarse con prudencia, sentido de equilibrio y oportunidad, para que la sociedad no salga perjudicada con su futura aplicación.
La CNUS concluye diciendo que los jueces están para aplicar la ley, que en este caso es la celebración de audiencias presenciales, tomando las debidas precauciones, evitando la cancelación de audiencias por fallas técnicas y la pérdida de expedientes por deficiencias en el funcionamiento del sistema, que se ha querido imponer a la brava.
Por último,
concluimos llamando al Colegio de Abogados y a la Asociacion de Abogados
Laboralistas, a fin de continuar la campaña dirigida hacer entender que ese
importante poder del estado que es la justicia no debe comportarse diferente a
los poderes ejecutivo y legislativo que han estado combinando el trabajo
virtual con el presencial.
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