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nelson feliz
noviembre 12, 2019
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Por Balbueno Medina
Pese a que el Congreso Nacional conoce algunas reformas a la Ley de Seguridad Social, todo luce indicar que debido al momento político que vive el país, la misma no será modificada en lo que resta del presente periodo gubernamental por lo controversial que es esa legislación.
El descontento manifestado por la mayoría de los afiliados a la Seguridad Social y las presiones que ejercen diversos sectores de la sociedad dominicana para que mejore la aplicación de la Ley 87-01, en los regímenes de Pensiones y Salud, debido a que no han satisfecho las demandas de los usuarios de la Seguridad Social.
En el Congreso nacional se han hecho varios intentos dirigidos a mejorar la rentabilidad de las Cuentas de Capitalización Individual (CCI), de los afiliados a las Administradoras de Pensiones (AFP), con el objetivo de que en el año 2030 cuando se entregaran la mayor cantidad de pensiones, los afiliados a la Seguridad Social puedan disfrutar de pensiones mejores pagadas que las que se proyectan para esa fecha.
Las aspiraciones que han sido contenidas en una iniciativa que ha perimido en varias ocasiones en la Cámara de Diputados y que ha tenido como cabeza visible al Diputado Ramón Cabrera, persigue adecuar el monto obtenido por las AFP, por la Administración de las Cuentas Individuales de los afiliados a esas instituciones, de un 30 a un 25%, pese a que la media en la mayoría de los países de América Latina redondea el 20% por ciento y con tendencia a la baja.
A esa situación que mantiene a una gran cantidad de dominicanos disgustados con la Seguridad Social, se ha agregado la grave situación que confrontan miles de descendientes de afiliados a las AFP, que han fallecido a quienes se les mantiene retenidos más del 60% de los recursos aportados por sus parientes luego que les descontaran más de RD$ 22,000 millones de pesos, durante el tiempo que tuvieron aportando al Sistema de Seguridad Social.
En el aspecto de los Servicios de Salud, la situación no es mejor, en lo que respecta a la Seguridad Social, debido a que las quejas son constantes de parte de los pacientes que acuden a los centros médicos en busca de esos servicios, por la pobre cobertura que les ofrecen las Administradoras de Salud, las cuales cubren una parte muy mínima de los procedimientos que demanda la población asegurada, y por eso han tenido que producir algunas aperturas presionadas por las circunstancias que vive el país.
El llamado Plan Básico de Salud (PBS), que es el que posee el 80% de los dominicanos afiliados a la Seguridad Social, ha sido repudiado por la mayoría de las personas quienes abogan por que sea sustituido por otro Plan de Seguro que permita a los pacientes contar con mejores servicios en los centros médicos del país, ya que pese a los esfuerzos que ha hecho el Consejo Nacional de la Seguridad Social (CNSS), por mejorar su cobertura no ha sido suficiente para cubrir las demandas de las patologías que se presentan en la sociedad actual de la Republica Dominicana.
Recientemente el CNSS, adopto una resolución que amplía hasta los RD$ 300,000 el pago por cobertura de internamiento a través del PBS, a los afiliados a los Seguros Médicos de Salud y tomo otras medidas de protección a favor de los pacientes, por considerar que el mercado está muy por encima del pago que realizan las Administradoras de Salud, por los servicios que ofrecen los médicos y los Centros Asistenciales a los pacientes afiliados a la Seguridad Social.
Otras de las medidas que afectan el buen funcionamiento de los Seguros Médicos en la República Dominicana, tienen que ver con el copago que los pacientes realizan de manera regular a los médicos especialistas, cada vez que asisten a una consulta, y el abono obligatorio que tienen que hacer a ciertos Centros Asistenciales de unos RD$ 10,000.00, previo al internamiento para realizarse cualquier procedimiento quirurgiquito.
Todas estas distorsiones e imprevisiones, han hecho de nuestra Ley de Seguridad Social, algo repudiable para una gran parte de la población dominicana que aspira que se produzca una modificación de la legislación que garantice en lo inmediato la provisión de mejores servicios de Salud y en el futuro el pago pensiones justas y dignas a los hombres y mujeres que aportan a la Seguridad Social del país.
La precariedad por los que atraviesa la Seguridad Social Dominicana, ha dado mayores fortalezas a los Sistemas Complementarios, reconocidos por la propia Ley 87-01, en su Capítulo IV, donde tanto el Congreso Nacional, como otros estamentos del Estado y la sociedad dominicana se han visto en la obligación de ampararse para proteger a sus servidores, admitiendo de esa manera las fallas que afectan al mismo y que ameritan de una profunda modificación que beneficie a toda la población dominicana.
Por lo tanto el conocimiento de una reforma justa y equitativa de la Ley de Seguridad Social que represente el legítimo sentir del pueblo dominicano, debe producirse en un momento en el que el ambiente político nacional este distendido y un nuevo gobierno asuma el liderazgo del país, de manera que se prevean todas las soluciones posibles a los problemas que confrontamos producto de las fallas en la aplicación de la legislación, tomando en cuenta, además el contexto internacional en que viven los países de la región que sirvieron de modelo a la Ley 87-01 para mantener la paz que necesita el país.
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