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martes, 20 de noviembre de 2018

Capítulos de Transparencia Internacional en América Latina y El Caribe expresan su preocupación por un posible asilo a Alan García en Uruguay

Ante el asilo diplomático solicitado a Uruguay por el ex presidente peruano, Alan García, las organizaciones que representamos a Transparencia Internacional en los países de América Latina y el Caribe manifestamos nuestra preocupación por una posible decisión del gobierno uruguayo accediendo al pedido.

Desde que se hiciera pública la confesión de la empresa Odebrecht ante la justicia norteamericana, en diciembre de 2016, hemos visto con interés el proceso de investigación desplegado en el Perú y entendemos que, con las limitaciones que impone una investigación compleja, en el Perú existe una fiscalía y un poder judicial independientes del poder político que han demostrado estar a la altura de los retos que la actual realidad le exige.

Hoy, esos jueces y fiscales están demostrando que es posible combatir la impunidad en el caso de corrupción trasnacional más importante de estos tiempos, pues se está investigando a todos los gobiernos y algunos de los principales líderes políticos desde 2001, independientemente de sus simpatías ideológicas, habiéndose llegado a dictar medidas restrictivas en varios casos. Alan García, presidente del Perú entre 2006 y 2011, está siendo investigado, junto a otros miembros de su gobierno, por colusión y lavado de activos en el caso del Metro de Lima, obra construida por la empresa Odebrecht en la que se han pagado millonarios sobornos y por la que están detenidos un vice-ministro y varios altos funcionarios de su régimen ante la existencia de abrumadora prueba en su contra.

Como activistas y expertos en lucha contra la corrupción, entendemos también que esto es lo que debiera ocurrir cuando la justicia actúa con independencia del poder político en cualquier país.

Por eso, consideramos que una decisión del gobierno uruguayo concediendo el asilo a García Pérez, no solo erosionaría las labores de investigación al interior del Perú, sino que representaría un retroceso significativo en los esfuerzos regionales para combatir la gran corrupción y la impunidad, pues se estaría yendo a contracorriente de un conjunto de acuerdos internacionales, plasmados en las convenciones contra la corrupción de la Organización de Estados Americanos (Caracas, 1996) y de las Naciones Unidas (Mérida, 2003), así como en el Compromiso de Lima, recientemente adoptado por la VIII Cumbre de las Américas (Lima, 2018). Todos estos instrumentos, suscritos por Uruguay y Perú, promueven la colaboración más amplia entre países para facilitar las investigaciones por corrupción y confiamos que el gobierno uruguayo los tomará en consideración y valorará apropiadamente sus disposiciones.
Hacemos un llamado a la comunidad internacional a mantenerse vigilante de la decisión que se otorgue en este caso, así como a las organizaciones y ciudadanía del hermano país de Uruguay a estar atentas ante un posible asilo de su gobierno al ex presidente peruano. Confiamos en la fortaleza de la ética pública del país y de su institucionalidad y de su sociedad.

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