“Si es mala la corrupción, peor es la impunidad”, proclamó Wilson Camacho ante el tribunal que conoce el Caso Odebrecht - EL ZUMBADOR.NET

Lo Ultimo

Post Top Ad

martes, 21 de septiembre de 2021

“Si es mala la corrupción, peor es la impunidad”, proclamó Wilson Camacho ante el tribunal que conoce el Caso Odebrecht


El titular de la Pepca confía en que los jueces seguirán jugando su rol para enfrentar lo que denominó “un cáncer” que intenta adueñarse de todo el cuerpo social de República Dominicana

SANTO DOMINGO (República Dominicana).- “Los corruptos no solo se roban el dinero de todos y todas; se roban nuestra salud, se roban nuestra educación, se roban nuestras oportunidades de desarrollo y se roban nuestro tiempo”, proclamó el procurador adjunto Wilson Camacho, ante el tribunal que conoce las imputaciones contra los acusados de recibir al menos US$92 millones en sobornos distribuidos en el país por Odebrecht.

“La corrupción es un cáncer, y es un cáncer que ha intentado adueñarse del cuerpo de este país, un cáncer que si ustedes no se comportan a la altura de su rol histórico hará metástasis y nos quitará las esperanzas átomo por átomo, célula por célula, tejido por tejido, órgano por órgano”, dijo Camacho.

Sostuvo que, si las autoridades dejan de asumir su rol histórico, “al fin, solo quedará un esqueleto como recuerdo de lo que fuimos, como recuerdo de la desesperanza, una muestra de irresponsabilidad histórica”.

“Si es mala la corrupción, peor es la impunidad”, para proclamar “¡que no haya impunidad en el Caso Odebrecht RD!”, añadió el titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca)  ante el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional que integran las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo.

Momentos después, al responder preguntas de los periodistas, Camacho recordó que el Ministerio Público dejó claramente probado la ruta del dinero de los sobornos que recibieron los procesados del Caso Odebrecht, por lo que el tribunal tiene en sus manos bastantes pruebas para condenarlos.

“Hemos demostrado en el tribunal, cómo el dinero se recibió en República Dominicana, cómo se recibió a través de Lashan y Conansa, empresas de Ángel Rondón, y cómo se recibió a través de Newport, la empresa de Conrado Pittaluga, y cómo las pruebas, incluso, indicaron que el dinero que recibía Conrado Pittaluga era para Víctor Díaz Rúa, y cómo se invirtió parte de ese dinero en Indoequipesa y en Solaris que era una empresa presidida por Víctor Díaz Rúa al momento de que Conrado invirtió ese dinero”, dijo.

Al mismo tiempo, el representante del Ministerio Público recalcó “hay una realidad que la defensa simple y llanamente no puede refutar, o sea, la ruta del dinero aquí está claramente probada en el tribunal y hay evidencias suficientes para que este tribunal dicte sentencia condenatoria”. 

Destacó que “hay tan suficientes evidencias, que ninguna de las defensas le dijo al tribunal que su representado era inocente”. “Pretenden que el tribunal le dé una sentencia a favor sobre la base de insuficiencia de pruebas, algo que no es real, porque, repito, hay evidencias suficientes para que este tribunal dicte sentencia condenatoria y eso es lo que espera el Ministerio Público”, sostuvo.

El tribunal suspendió la audiencia hasta el próximo jueves 23 de septiembre, a las 9:00 de la mañana, en la que las defensas se referirán a las réplicas del Ministerio Público.

Respecto a preguntas sobre la abstención de presentación de réplica en el caso del imputado Juan Roberto Rodríguez Hernández, el titular de la Pepca consideró que “lo que planteó Roberto Rodríguez en su alegato de clausura no ameritaba réplica del Ministerio Público, que con los alegatos que el Ministerio Público había presentado en su discurso de cierre eran suficientes y lo hicimos, incluso, por economía procesal”.

Confió en que cuando el tribunal se retire a deliberar y valorar las evidencias que ha presentado el Ministerio Público, dictará una sentencia condenatoria.

 

Avanza en etapa final

 

El juicio continúa avanzando en la última etapa, con la conclusión de los discursos de las partes respecto a la acusación del Ministerio Público por los US$92 millones que entregó en sobornos Odebrecht para beneficiarse en las licitaciones de unas 16 obras gubernamentales en el país.

Desde las 9:00 de la mañana de este martes, las juezas Esmirna Giselle Méndez, Tania Yunes y Jissel Naranjo continuaron escuchando los alegatos de los abogados defensores del imputado Pittaluga Arzeno, quienes concluyeron con su discurso alrededor de la 1:00 de la tarde.

Posteriormente, después de un receso, a partir de las 2:30 de la tarde, el Ministerio Público, representado por el procurador adjunto Wilson Camacho, quien encabeza el equipo litigante del Ministerio Público, inició con las réplicas sobre los discursos de cierre de la defensa técnica de los encartados, excepto de la de Rodríguez Hernández.

Durante su intervención, Camacho destacó las evidencias documentales y testimoniales con las que el Ministerio Público demostró en el proceso los hechos imputados respecto a los sobornos, destacando en ese sentido que el testigo Dantas (Mauricio Dantas Bezerra) trazó la ruta del dinero.

Camacho ratificó las conclusiones que presentó en el proceso y  solicitó al tribunal rechazar las conclusiones de la defensa, incluyendo la solicitud de prescripción solicitada por la defensa de Pittaluga Arzeno. 

El Ministerio Público ha pedido al tribunal condenas de 10 años de prisión para los coacusados Ángel Rondón Rijo, representante empresarial de Odebrecht, así como Víctor Díaz Rúa, exdirector del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados (Inapa) y exministro de Obras Públicas.

Para el abogado Conrado Pittaluga pidieron 7 años de prisión, mientras que condenas de 5 años de reclusión pidieron para los también procesados por este caso, Andrés Bautista García, expresidente del Senado; Tommy Alberto Galán Grullón, exsenador por San Cristóbal, y Juan Roberto Rodríguez Hernández, también exdirector del Inapa.

Igualmente, solicitó que todos los imputados paguen una multa de 200 salarios mínimos y que el tribunal ordene el decomiso de bienes en favor y provecho del Estado y el pago de las costas del proceso, además de que se les varíe la medida de coerción por prisión preventiva.

No hay comentarios:

Publicar un comentario

Post Top Ad