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nelson feliz
diciembre 18, 2018
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Por Balbueno Medina
Muchos de los accidentes y tragedias que se producen frecuentemente en el Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, en los que han fallecido trabajadores de empresas y residentes en nuestros barrios, obedecen a la falta de planificación y a la improvisación de las autoridades Municipales y los propietarios de empresas.
Los daños ocurridos con la explosión de un tanque de Gas ocurrido en Polyplas, que segó la vida a ocho personas, dejo decenas de niños huérfanos y causó destrozos en casas y centros educativos, que se encuentran en las inmediaciones del lugar, puso la tapa al pomo en la larga estela de hechos lamentables que se han producido en la ciudad primada de América.
Se trata de un hecho que debe mover a la reflexión de las autoridades y provocar una reacción que permita que de ahora en adelante el Estado se propaganda trazar políticas que garanticen que esos sucesos no continúen ocurriendo y cobrando vidas inocentes en nuestro país.
En el caso particular de las empresas que se encuentran inmersas en nuestros barrios y urbanizaciones del Distrito Nacional, y el Gran Santo Domingo, el gobierno cuenta con una herramienta legal indispensable, que debería comenzar a implementar de inmediato para garantizar que los accidentes de trabajo se reduzcan al mínimo, como es el reglamento 522-06, de Seguridad en el Trabajo, que se ha violado flagrantemente en la mayoría de las empresas dominicanas.
Estamos seguros que si en Polyplas, se hubiesen tomado en cuenta las previsiones que contempla el Reglamento 522-06, no hubiéramos estado lamentando la magnitud de la tragedia que ocurrió en esa empresa, porque se habrían manejado adecuadamente los protocolos que impedirían esos sucesos.
En tanto que otra medida que el gobierno debería tomar, y que en definitiva es la más complicada, sería la de iniciar un proceso de traslado de las industrias que se encuentran en el corazón de los barrios y urbanizaciones del Distrito Nacional y el Gran Santo Domingo, hacia una zona industrializada en coordinación con los Ayuntamientos periféricos en los que hayan terrenos disponibles para producir la reubicación de las mismas y así evitar que se sigan reeditando los hechos que han costado la vida a muchos dominicanos valiosos.
Contrario a lo que puedan entender algunos empresarios en torno a la protección de sus inversiones sobre toda cosa, el gobierno dominicano está obligado a garantizar la seguridad y tranquilidad, no solo de los que trabajan para esas empresas, sino para todos los ciudadanos que residen en los sectores que se encuentran en las inmediaciones de ellas, y es por esa razón que debe dar el paso hacia delante usando las herramientas que las leyes ponen en sus manos para que no volvamos a lamentar.
Luego de un proceso bien llevado en coordinación con los empresarios y los Ayuntamientos que participen en esa salvadora tarea, la misión del gobierno a través del Ministerio de Industria, Comercio y Mipyme, deberá ser la de tomar medidas con las envasadoras de Gas Licuado de Petrolero que se encuentran enclavadas en el corazón de nuestros barrios y urbanizaciones provocando tragedias y contaminaciones que agreden la existencia de los residentes en esos lugares y que ameritan ser clausuradas y reguladas para que no continúen causando los daños que vienen produciendo a la salud humana.
Lo cierto es que las experiencias de Polyplas, deben servirnos para crear las bases de una política dirigida a prevenir la ocurrencia de tragedias fatales que continúen cobrando las vidas de personas inocentes por la carencia de inversiones en la Seguridad en los Centros de Trabajo y el hacinamiento en que se encuentran las industrias que nos rodean por todas partes en el Gran Santo Domingo.
Lo que ha ocurrido en las Industrias y las Envasadoras de GLP, en la ciudad de Santo Domingo, no es ajeno a otras áreas de la producción nacional, tales como la Agricultura y la Construcción, donde también hemos perdido muchos trabajadores por la falta de la aplicación del Reglamento 522-06, pese al afán que han mantenido sectores sindicales que han reclamado al Ministerio de Trabajo la aplicación del mismo para evitar la ocurrencia de accidentes prevenibles en esos centros de trabajo.
Las muertes de obreros agrícolas por el manejo inadecuado de plaguicidas en los cultivos y la ausencia de equipos de seguridad en el uso de los Trabajadores de la Construcción, le han costado a este país muchas vidas de criollos y extranjeros que laboran en esas áreas de producción nacional, que hasta el momento nadie se ha decidido a cuantificar, pero que resultan tan preocupantes como los que han fallecido en los siniestros que se han producido en las empresas y envasadoras de la capital, razón por la cual consideramos que se deben adoptar políticas globales de prevención por la vida de nuestros trabajadores en cualquier parte del país.
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