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Por Redacción
septiembre 19, 2017
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Santo Domingo.-El Ministerio de Salud
Pública a través del Clúster de Alcohol de la Dirección General de Salud Mental
mostró su preocupación por las muertes de adolescentes en plena flor de la juventud,
como es el caso más reciente de Kimberly Adón, con apenas 16 años.
“Nuestra
población de niños, niñas y adolescentes es muy vulnerable a la exposición a
tantos factores de riesgo, incluidos centros de bebidas denominados “drinks”,
discotecas y “colmadones”; y a otros vicios como la hookah o bancas de
apuestas. También, a la práctica precoz del sexo, con su secuela inmediata de
embarazos a destiempo”, explica.
Pese a
la existencia de la Ley 136-3, que les protege, su aplicación y seguimiento
acusan una gran debilidad, lo cual se hace evidente con frecuencia en los
centros de expendio de bebidas alcohólicas, donde no se les exige una
identificación; y se les vende alcohol de manera indiscriminada.
A lo
anterior se suma -afirma en nota de prensa- una abierta permisividad por parte de
los propios padres y madres, quienes frecuentemente propician estas violaciones,
llevando a hijos menores a “colmadones”, donde son aceptados por los dueños de
esos negocios.
“Sabemos
que el consumo de alcohol se está iniciando a edad muy temprana y que, de
acuerdo a las encuestas En Hogar y Endesa, nuestra población joven de 20 a 29
años es la que más consume alcohol. Aparte de eso, son frecuentes los casos de
niñas embarazadas desde los 11 años”, explica el Clúster de Alcohol en su
documento de prensa; y agrega:
“Con
esta realidad, que golpea a nuestra población más vulnerable, como Clúster de
Alcohol insistimos en la necesidad de asumir una actitud menos contemplativa y
que las autoridades competentes apliquen la Ley 136-3, con un drástico régimen
de consecuencias a padres y madres, así como a los propietarios de centros de
expendio de bebidas alcohólicas que violan lo establecido por la legislación
vigente”.
De
igual modo, pidió a la Comisión de Control de Bebidas Alcohólicas (COBA) del
Ministerio de lo Interior y Policía dar seguimiento permanente a la aplicación
de la Ley 136, sistematizando la prevención y los mecanismos de protección a
estas poblaciones vulnerables.
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