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nelson feliz
marzo 05, 2019
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Acciones buscan que reciban la debida asistencia y una respuesta más rápida y eficiente.
SANTO DOMINGO, D.N.- El Ministerio Público y el Círculo de Mujeres con Discapacidad (CIMUDIS), acordaron ejecutar acciones conjuntas para la atención inclusiva a las mujeres con discapacidad víctimas de violencia, que requieran de los servicios de las Unidades de Atención Integral a las Víctimas de Violencia de Género, Intrafamiliar y Delitos Sexuales del país.
Las acciones se pondrán en marcha en el marco de un acuerdo de cooperación que fue firmado por el procurador general de la República, Jean Rodríguez, y la primera presidente del Consejo Facultativo del Círculo de Mujeres con Discapacidad, Cristina Francisco.
A través de un comunicado de prensa se informó que el convenio incluye el acompañamiento a las mujeres con discapacidad que así lo requieran y lo soliciten en sus procesos y diligencias llevadas a cabo en el Ministerio Público.
Jean Rodríguez calificó el convenio como un avance en la lucha por el respeto de los derechos humanos, al tiempo de destacar que desde el inicio de su gestión han prestado especial atención a los sectores más vulnerables, como son los envejecientes, discapacitados, niños, niñas y adolescentes y al tema de la violencia hacia las mujeres.
“Estamos hoy aquí haciendo un antes y un después, poniéndole aún mayor énfasis a este sector tan vulnerable, que es cuando unimos mujeres y además con discapacidad, son situaciones que suceden en todas partes y que debemos estar preparados para poder dar el frente a esas situaciones cuando llegue el momento”, expresó.
El jefe del Ministerio Público manifestó “Esta unión que hacemos hoy la acogemos con los brazos abiertos y con gran felicidad porque definitivamente nos va a permitir poder dar un mejor servicio a nuestras ciudadanas discapacitadas, darle una respuesta más rápida, más eficiente, como se ha dicho, de justicia inclusiva”.
En tanto que Cristina Francisco expresó “Para el CIMUDIS hoy es una fecha trascendental. Todo el sector con discapacidad inicia hoy un proceso importantísimo de vincular lo que es la atención a la violencia y el trabajo que se está realizando para integrar un sector que por años ha estado excluido”.
Detalló que previamente hicieron un estudio que demostró en sus resultados cómo la mujer con discapacidad se ve vinculada a la violencia y no tiene ese acceso por una serie de factores, destacando en ese sentido, que con el convenio se está comenzando todo un nuevo proceso de justicia inclusiva al facilitarle los servicios del sistema.
En la firma del acuerdo, que tuvo lugar en la Procuraduría General de la República, también acompañaron al magistrado Rodríguez y a la señora Francisco, el director de la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID), Arthur Brown, y Lissette Dumit, asesora senior de esta institución que respalda todas las acciones emprendidas por el Ministerio Público contra la violencia de género.
Además, estuvieron presentes la directora contra la Violencia de Género del Ministerio Público, Andrea Villa Camacho, y la fiscal de los Derechos Humanos, Danissa Cruz, entre otras personalidades del Ministerio Público, el CIMUDIS y la USAID.
Alianza para ofrecer un mejor servicio a la mujer con discapacidad
El acuerdo establece la definición y aplicación de principios generales para la atención en la justicia de las mujeres con discapacidad, así como la aplicación de políticas internas a favor de este sector y la asesoría del personal del Ministerio Público para ofrecer la atención y el trato adecuado a las personas con algún impedimento físico.
Como parte de las acciones contempladas en el convenio, además se acordó incluir actividades de formación y concienciación sobre derechos y atención en justicia de personas con discapacidad en el programa básico de formación inicial para fiscalizadores y en los programas especiales para miembros del Ministerio Público y personal de apoyo.
El acuerdo, que tendrá una vigencia de dos años, también contempla realizar adecuaciones de infraestructuras y el equipamiento necesario para facilitar el acceso de las personas con discapacidad a las instalaciones del Ministerio Público.
El comunicado de prensa a través del cual se ofreció la información destaca que las personas que viven con una condición de discapacidad están expuestas a un mayor riesgo de sufrir violencia, sufriendo muchas de ellas malos tratos dentro y fuera del hogar. Informes de organismos internacionales indican que alrededor del 10% de la población mundial vive con una discapacidad.
La información destaca que esta exclusión funge como barrera para que estos casos puedan ser denunciados en busca de justicia y cuando alguno de ellos se hace del conocimiento del sistema judicial, la discriminación contra las mujeres con discapacidad se acentúa, ya sea porque no cuentan con un intérprete de lenguaje de señas, porque no saben escribir o no pueden tener una comunicación efectiva para decir que alguien la está violentando.
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